La ley y la trampa. Ejecutivo argumenta que autorizó participación de institutos armados por el incremento de la criminalidad tanto en Lima como en el Callao.

Siempre listos. El Ministerio de Defensa informó que los efectivos militares han recibido instrucción en materia de respeto de los derechos humanos.

Las congresistas que representan a la provincia constitucional del Callao, Patricia Chirinos, de Avanza País, y Noelia Herrera, de Renovación Popular, fueron las que solicitaron al Ejecutivo que las Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad en el primer puerto.

Según el texto de la resolución suprema n.° 191-2021-IN, que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la PNP con la finalidad de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales” en Lima y Callao, la norma se fundamenta en informe de la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional (OFIPOL) de la Policía.

Dicho documento recomienda la expedición de una norma que permita la intervención de los institutos castrenses, debido a que, “en lo que va del año, se advierte un incremento significativo del índice delictivo (en Lima y Callao), en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la PNP”.

Chirinos y Herrera reconocieron en sus respectivas cuentas de Twitter que entregaron al ministro del Interior, Luis Barranzuela, la intervención de las FFAA en respaldo a la PNP, pero solo para el Callao.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que las legisladoras Patricia Chirinos y Noelia Herrera promovieron la norma, basándose en cifras que indicaban que el crimen organizado, especialmente en el Callao, registraba un importante aumento.

Sin embargo, la resolución suprema n.° 191-2021-IN es criticada por diferentes sectores, los que coinciden en que a los institutos castrenses no les corresponde las labores de la seguridad ciudadana. En esta línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demandó al Ejecutivo la derogatoria de la resolución suprema porque es satisfacer una demanda antidemocrática de del espectro político conservador. “No se responde a la violencia con más violencia. Ninguna razón de estado la puede justificar”, expresó la CNDDHH.

Mientras, el director para América de Human Richt Watch (HRW), José Miguel Vivanco, recordó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.

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