La que ha sido calificada como la jornada de represión más sangrienta del Perú desde que estalló la crisis política, el 7 de diciembre, derivó en una despedida de las 18 víctimas mortales concentradas en Juliaca, Puno, con nuevas concentraciones registradas este 10 de enero.

La Defensoría del Pueblo, además, identificó que 17 de las víctimas son civiles, sumadas a un efectivo policial fallecido durante los hechos.

El organismo defensor también ha llamado explícitamente a la Policía Nacional y a las fuerzas armadas a conducirse conforme a la ley en la contención de las manifestaciones.

«Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetuado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas», demandó la Defensoría en un comunicado este 10 de enero.

Familiares de las víctimas que perdieron la vida en Juliaca se concentraron a las afueras de la morgue del Hospital Carlos Monge Medrano tanto para protestar por la jornada represiva como para esperar la entrega de los cuerpos de sus allegados.

Empresarios funerarios inclusive donaron ataúdes para que los familiares de las víctimas puedan dar sepultura a sus muertos luego de las jornadas de choque con las fuerzas peruanas del orden.

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