Denuncia constitucional contra Boluarte por muertes a causa de la represión También es incluido el ministro José Tello. En tanto, Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes son denunciados por homicidio calificado.

Denuncia incluye a Dina Boluarte, Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello.

La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la república Dina Boluarte, por las 22 muertes ocasionadas por la represión militar y policial, durante las protestas de diciembre del 2021.

La denuncia fue tramitada el martes último. Según el documento, Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional, junto con el expremier Pedro Angulo, además de los ministros Alberto Otárola (ex Defensa y hoy titular de la PCM), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia).

Particularmente los artículos 39 y 44 establecen que la presidenta tiene el deber de actuar en cumplimiento de la Constitución y la ley, y que tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Sin embargo, durante el estado de emergencia fueron asesinados ciudadanos que ni siquiera tenían participación en las manifestaciones, tal como quedó en evidencia, con nitidez, en el caso de Ayacucho.

Homicidio calificado

Además de las infracciones constitucionales, Ruth Luque (CD) denuncia a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal).

La legisladora sostiene en su denuncia que Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes “contribuyeron en la perpetración de los ilícitos, en su condición de autores mediatos, al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.

En otro extremo de la denuncia, Ruth Luque recuerda que el decreto legislativo 1095, en su artículo 26, establece que “en cualquier caso está prohibido disparar indiscriminadamente”, hecho que no fue respetado en las protestas recientes contra el Congreso y contra el gobierno de Dina Boluarte.

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