Según la Defensoría del Pueblo, hasta noviembre del 2022, en el país hay 221 conflictos sociales, de los cuales 161 están activos. Además, alrededor del 47% de los acuerdos no se llegan a cumplir.

Según el sociólogo Johnattan Rupire, las comunidades inmersas en conflictos sociales siguen siendo excluidas en cuanto a la presencia del Estado.

En diciembre del 2022, nuestro país fue testigo del levantamiento de ciudadanos de diversas regiones, quienes protestaban principalmente por temas políticos (pedían adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso). Sin embargo, a lo largo de este año, también han surgido nuevas disputas vinculadas con temas medioambientales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta fines de noviembre, en el Perú se han registrado 221 conflictos sociales, de los cuales 161 están activos y 72 están relacionados con la minería.

Es importante notar principalmente el caso de Cusco, ya que cuenta oficialmente con 12 pugnas mineras sin resolver, superando a otras regiones como Apurímac (9), Áncash (6), Ayacucho (6), Junín (5) y Pasco (5). Más abajo de la lista se encuentran Cajamarca (4), Moquegua (4), Huancavelica (3), Lima Provincias (3), Amazona (2) y Arequipa (2). Huánuco, La Libertad y Loreto tienen solo un reporte cada uno.

En este tipo de disputas, existe una variedad de demandas como el incumplimiento de convenios y el retraso en la ejecución de los acuerdos. Hay ocasiones, por ejemplo, en los que la empresa minera llega a un pacto con la comunidad para contratar a personas de la zona, por lo que hay una discusión sobre qué porcentaje de los trabajadores debe corresponder a la localidad.

“En otros casos, se requiere compensaciones económicas porque se va a utilizar unas tierras que son de la propiedad de la comunidad (…). También hay temas de preocupación ambiental, sobre todo en las zonas donde hay agricultura en las cercanías”, dijo Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

¿Por qué es complicado resolver un conflicto social minero?

Los conflictos sociales sobre minería son los más complejos en resolver principalmente por el número alto de actores sociales involucrados, indica Rolando Luque.

En este tipo de hechos, pueden intervenir entidades como frentes de defensa, la población organizada de zonas urbanas, ministerios, gobiernos regionales y municipalidades distritales o provinciales.

Otra razón que explica esta dificultad, señala Luque, es la gran cantidad de demandas que se plantean. Asimismo, se suele tomar medidas de fuerza de forma rápida, como el bloqueo de carreteras para interrumpir, por ejemplo, el tránsito de vehículos que transportan minerales en el corredor minero.

“También son complejos porque tratan temas económicos en un contexto en el que la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza, sus necesidades principales no están siendo satisfechas y se considera que la compañía debería tener una participación ahí, cuando en realidad es el Estado el obligado a prestar servicios básicos a la población”, detalló.

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