Según la última medición del Barómetro de las Américas, nuestro país superó a Brasil, Colombia y Paraguay. El caso Odebrecht y las siete investigaciones fiscales contra el presidente Pedro Castillo es un buen ejemplo de la debacle institucional de la clase política peruana.

Nuevamente, la imagen internacional del Perú se encuentra por los suelos. Según la última medición del Barómetro de las Américas, investigación realizada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), nuestro país encabeza la lista en América Latina con la más alta percepción de corrupción en sus políticos.

Los datos se recogieron el año pasado y el resultado es el siguiente: Perú se ubica en la primera posición con 88%. Por su parte, le sigue Brasil y Colombia con 79% y 78%, respectivamente. Más atrás se encuentran Paraguay, Chile, Jamaica, Haití, Guyana y Uruguay.

Según indicó a la Fiscalía Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el país, la empresa constructora le pagó un total de 31 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo para la construcción de la obra de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur que une el sur de Perú con Brasil.

Este presunto soborno a Toledo también se relaciona con el caso Ecoteva, donde se descubrió que Eva Fernenbug, suegra del expresidente, compró una casa y una oficina en Lima por un monto de 5 millones de dólares con el dinero de la empresa costarricense Ecoteva, cuyos fondos provendrían de las firmas brasileñas.

Alejandro Toledo, uno de los primeros expresidentes vinculados con la constructora Odebrecht.

En la actualidad, el expresidente y exfundador del desaparecido partido Perú Posible se encuentra en Estados Unidos. Hace poco, Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de la Corte de San Francisco ha reactivado el proceso de extradición de Toledo para que vuelva al Perú cuanto antes.

El pasado 24 de marzo, el Poder Judicial declaró saneada la acusación fiscal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros 44 acusados, por el delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal, en el marco del Caso Cócteles que también tiene vinculación con Odebrecht.

El pasado 25 de agosto, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra la exalcaldesa Susana Villarán. Para ella, solicita 29 años a prisión porque habría formado una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS para continuar al mando del municipio y financiar la campaña por el “No” a la revocatoria del 2013 y su reelección a la alcaldía de Lima que no ganó en 2014.

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