El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que se ha identificado a 4 mil 212 funcionarios públicos que se repartieron indebidamente canastas de víveres, a pesar de que reciben salarios que fluctúan entre los 1.200 soles y 10 mil soles mensuales. De ningún modo necesitaban de la ayuda gubernamental, a diferencia de las familias aisladas y empobrecidas por las medidas de inmovilización social.

Indignante. Empleados públicos ganan lo suficiente para adquirir productos comestibles, pero se repartieron las canastas aprovechándose de su posición. Contraloría detectó 740 casos en Lima (19%), 465 en Loreto (12%) y 384 en Piura (10%), regiones que concentran a la mayoría de afectados por el nuevo coronavirus y donde los alimentos son una cuestión de vida o muerte.

Ahora se entiende por qué centenares de familias de diferentes puntos del país, tanto en Lima como en localidades donde la pandemia del nuevo coronavirus causa devastación, reclaman por no haber recibido la canasta de alimentos. Una de las primeras medidas del Ejecutivo fue destinar más de 234,2 millones de soles para la adquisición y distribución de comestibles básicos a los más afectados por la emergencia sanitaria, a los sectores más vulnerables. Sin embargo, funcionarios que reciben puntualmente sus sueldos y no tienen problemas de alimentación se apropiaron de las canastas, virtualmente quitándoles la comida de la boca a los más pobres.

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