La disposición fiscal abarca al mandatario para que sea investigado también por tráfico de influencias agravado y colusión en el marco del caso Puente Tarata, donde están involucrados el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión. Con esta decisión, ahora será incluido en el caso Puente Tarata III donde el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de ‘Los Niños’, están involucrados por la declaración de la lobista Karelim López.

Según informó la fiscalía, la ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra el jefe de Estado. Pese a ello, agregaron que Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política. Por lo pronto, ya fue notificado de la presente disposición. Se indicó, además, que se recoja su declaración como parte de las diligencias para esclarecer estos hechos ocurridos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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