Treinta y cuatro personas, entre integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, además de tesoreros, contadores, personeros, administradores del partido naranja, son imputadas por el fiscal José Domingo Pérez por haber contribuido en la recepción, lavado y ocultamiento de 17 millones 312 mil 984 dólares durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Para otro grupo de 6 involucrados -la mayoría abogados de Keiko Fujimori y sus cómplices-, a los que la Fiscalía atribuye el delito de obstrucción a la justicia, el fiscal ha solicitado 37 años de prisión.

En total, las condenas que el fiscal ha solicitado para los 40 implicados suman 818,9 años de cárcel. En los anales judiciales, es la primera vez que se abriría proceso a un considerable número de personas relacionadas con una trama de financiamiento ilegal de un partido político, Fuerza Popular, que postula por tercera vez a la presidencia a Keiko Fujimori

Los montos que presuntamente fueron lavados por la organización fujimorista son los siguientes, conforme la sustentación fiscal del caso:

-US$ 3.650.000 proveídos por el grupo Credicorp, cuando estaba encabezado por Dionisio Romero Paoletti.

-US$ 3.500,00 otorgado por el Grupo Rassmuss, por intermedio del empresario Enrique Gubbins Bovet.

-US$ 3.730.000 también entregado por Enrique Gubbhins Bovet del Grupo Rassmuss.

-US$ 2.192.859 derivados de supuestas compraventas de terrenos que hizo Mark Vito Villanella mediante su empresa MVV Bienes Raíces.

-US$ 1.000.000 que proveyó la constructora Odebrecht, según confesó Jorge Barata.

-US$ 450.000 que entregó Inversiones Piuranas, por intermedio de Dionisio Romero Paoletti.

-US$ 440.000 que suministró Enrique Gubbins Bovet del Grupo Rassmuss.

-US$ 200.000 entregados por Vito Rodríguez Rodríguez, del Grupo Gloria.

-US$ 52.000 más un promedio de US$ 5.000 que abonaron empresarios que formaban parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

-US$ 15.000 que otorgó el investigado por lavado de activos Luis Calle Quirós, hermano de un miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori, en 2011.

Conforme a la argumentación fiscal, Keiko Fujimori obtuvo la complicidad del aparato partidario para proceder al lavado de los US$ 17 millones 312 mil 984 y así financiar sus campañas presidenciales, con fondos no declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, el fiscal Pérez ha requerido para 7 de los implicados el castigo más severo –30 años y 10 meses–, porque encontró que perpetraron los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia, y porque a diferencia de los demás formaban parte del cogollo dirigencial fujimorista: Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Herz Garfias, Adriana Tarazona Martínez, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka.

A otros 14 les imputó la segunda pena más dura –22 años y 8 meses–, también por los delitos de crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia, con la diferencia de que respondían a las órdenes o acciones de los anteriores. Entre ellos se encuentra el esposo de la candidata presidencial, Mark Vito Villanella, a quien se le detectó haber declarado falsamente que lo contrataron para intermediar en la venta de terrenos. El fiscal interrogó a las personas que supuestamente pagaron a Villanella para dicho servicio, pero lo negaron.

El fiscal José Domingo Pérez también incluye en este grupo al expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) José Briceño Villena, quien solicitó que los agremiados aportaran dinero para una campaña a favor del modelo económico, amenazado por la candidatura del “chavista” Ollanta Humala, en 2011.