La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por pretender cerrar el Congreso y declarar en reorganización el sistema judicial.

En la denuncia, además del exmandatario Castillo, están incluidos la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino, el exministro del Interior Willy Huerta Olivas y el extitular de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino.

La investigación también incluye el expremier y abogado Aníbal Torres Vásquez, hoy en la clandestinidad, pero no aparece en la denuncia constitucional.

Aparentemente, la Fiscalía considera que ya no tiene derecho de antejuicio político. La Constitución dice que este procedimiento se da hasta cinco años después de dejar el cargo.

La fiscal de la Nación atribuye al expresidente y los exministros los delitos de rebelión y conspiración. Adicionalmente, a Castillo Terrones también se le acusa de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Los otros principales testigos son los exministros Emilio Bobbio de Defensa y Alejandro Salas de Trabajo; el comandante general de las Fuerzas Armadas, Walter Córdova; y el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado.

El general Walter Córdova ha declarado que, la mañana del 7 de diciembre, el entonces ministro Bobbio y el ahora expresidente Castillo le solicitaron su renuncia, por lo que firmó la carta que aducía motivos personales. Esto pese a que una ley le garantiza la permanencia en el cargo por dos años.

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