La presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, José Williams, tienen un objetivo en común: quedarse hasta el 2026. El adelanto de elecciones no es su prioridad.

Sin embargo, lo que más resalta es la cantidad de trabajadores adicionales que son requeridos. En uno de los cuadros de este informe se precisa que el Congreso maneja un total de 53 comisiones, entre las ordinarias, investigadoras, especiales, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Parlamentarias. Pero se espera que, en los próximos meses, el Legislativo pase a adquirir 11 comisiones más, de las cuales cinco son investigadoras y seis son especiales, lo que resulta en 64 comisiones dentro del Parlamento, cada una de ellas con un equipo específico de trabajadores.

Los gastos previstos por esta alta cantidad de nuevos empleados proyectaban hasta 40 millones 571 mil 269 soles, de los 70 millones que se pidieron. Todos estos gastos fueron aprobados por la Mesa Directiva del Congreso en el acuerdo N° 015-2020-2021/MESA-CR, en el que se dispuso que se contrataran a nueve personas por cada comisión.

En dicho informe también se establece que “en el año 2022 se crearon 15 nuevas comisiones, cuyo gasto, según datos del DRH, representó 16.785.378” de soles. Existen, además, muchos otros gastos que la Mesa Directiva ha aprobado en este pedido inicial de 70 millones, de los que solo 48 le fueron acreditados.

Entre las comisiones que el Congreso concibe como gastos previsibles existen varias que ni siquiera han sido votadas en el Pleno, como la comisión especial propuesta por el congresista Diego Bazán, que tiene por función el “seguimiento, coordinación, articulación y elaboración de propuestas legislativas que (…) aborden las potenciales nuevas amenazas que convertirían al Perú en un Estado fallido”; la planteada por el congresista Héctor Acuña, que propone “investigar los presuntos actos de corrupción en la gestión de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo”; e, incluso, las basadas en dichos de ministros, como la planteada por el congresista Miguel Ciccia, que busca “investigar las presuntas irregularidades en la contratación de asesorías y consultorías en el Ministerio de Educación (Minedu) y el Consejo Nacional de Educación (CNE)”. Es decir, el Legislativo estaba solicitando fondos para financiar comisiones que ni siquiera han sido aprobadas.

En esta lista de comisiones próximas a crearse también están las que ya fueron aprobadas y tienen pendiente ser revisadas por el Consejo Directivo del Parlamento, como la comisión especial de “mujeres parlamentarias peruanas” o la del “seguimiento y apoyo de las acciones en el proceso de reconstrucción en zonas afectadas por el ciclón Yaku”.

El Legislativo le otorgó la investidura al gabinete Otárola. Para entonces, ya se registraban pérdidas humanas en regiones del país.

El informe fue culminado el 17 de marzo del 2023 y, menos de 15 días después, el 30 de marzo del mismo mes, el mismo José Williams cursó un oficio dirigido al ministro de Economía, Alex Contreras Miranda, en el que solicitaba la “incorporación en el Presupuesto Institucional del Ejercicio 2023 (…) de los créditos presupuestados no devengados al 31 de diciembre del 2022”.

En dicho oficio se adjuntaba, a su vez, el pedido de más de 70 millones adicionales.

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