Crisis migratoria en el sur |

Perú y Chile han optado por militarizar sus fronteras ante la crisis migratoria, cuando de lo que se trata es de atender a los migrantes atrapados en la frontera, sin poder retornar a Chile y sin poder entrar a Perú.

La crisis en la frontera de Perú y Chile generó una tensión diplomática. Alrededor del mediodía del jueves, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, convocó al embajador de nuestro país en Santiago, Fernando Rojas, por las expresiones del alcalde de Tacna, Pascual Güisa, quien cuestionó al presidente chileno Gabriel Boric por supuestamente haber alentado la crisis migratoria.

En respuesta, a primera hora de la noche del jueves, la Cancillería peruana informó que el embajador de Chile en Lima, Óscar Fuentes Lira, había sido convocado con la finalidad de “expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” ante los graves acontecimientos de naturaleza migratoria en la frontera.

Después de una seguidilla de tres asesinatos de Carabineros por presuntos venezolanos, las autoridades de Chile activaron una serie de normas para fortalecer la represión contra la delincuencia. El presidente Boric promulgó velozmente una ley aprobada por el Congreso que faculta a la Policía a usar armas de fuego en legítima defensa e incrementa las penas a quienes ataquen a los uniformados. Los migrantes sintieron que Chile les resultaba cada vez más inseguro.

En la noche del jueves llegó a Tacna un escuadrón de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía, que se sumará al resguardo en la frontera, y hoy viernes se espera el ingreso del Ejército en la zona, como lo anunció Boluarte el miércoles.

Mientras tanto, el Gobierno oficializó el estado de emergencia en zonas de frontera, el cual se publicó en el Decreto Supremo 055-2023-PCM en el diario oficial El Peruano. La norma restringe las libertades de tránsito y reunión y la libertad y seguridad personal por 60 días en distritos de las provincias de Zarumilla, en Tumbes; Sullana, Ayabaca y Huancabamba, en Piura; San Ignacio, en Cajamarca; Condorcanqui, en Amazonas; Maynas, Loreto y Datem del Marañón, en Loreto; Tahuamanu, en Madre de Dios; y Tarata y Tacna, en la región de Tacna.

Además, estipula que, en estas circunscripciones, en que se restringen derechos, el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional junto con las Fuerzas Armadas. Dispone que estas instituciones desarrollarán operaciones de control de las fronteras.

A diferencia de decretos anteriores similares, este precisa normas sobre el uso de la fuerza de policías y militares, como el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”. Menciona que las acciones de control y vigilancia se harán en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos” y considerando estipulaciones de cartillas de seguridad en áreas próximas a las fronteras acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas del Perú y de los países vecinos.

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