La defensa del presidente Pedro Castillo argumenta que la decisión de incluirlo en la investigación vulnera el artículo 117° de la Constitución Política del Estado y, conforme a lo que había establecido la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cualquier indagación debe suspenderse hasta que concluya su mandato.

Al haberse resuelto en contra de la Constitución, dice el abogado, debe declararse la nulidad absoluta de la resolución de inicio de investigación, pues se está afectando el debido proceso y el principio de legalidad.

La defensa de Castillo señala, citando un libro del jurista José Luis Castillo Alva, que “el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reconocido que el derecho al debido proceso tiene tanto una dimensión procedimental o formal como otra material, de modo que su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza.

Agrega que además debe tenerse en cuenta el principio de legalidad. De tal manera que la tutela procesal efectiva de una persona debe respetar sus derechos, entre ellos “a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos no previstos en la ley”.

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