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JULIACA – PUNO – PERÚ
Sindican a Dina Boluarte por genocidio en agravio de pueblos indígenas, quechuas y aimaras
La agrupación de mujeres indígenas, víctimas de la represión en protestas contra el Gobierno de la presidenta, en 2022 y 2023, demanda justicia en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Presidenta es acusada de ser la responsable de más de 60 fallecidos en protestas contra su gobierno
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), a través de su presidenta Ketty Marcelo López, acusó a la jefa de Estado, Dina Boluarte, como responsable de las muertes de ciudadanos indígenas quechuas y aimaras durante las protestas contra su gobierno ocurridas a fines de 2022 e inicios de 2023. Ello como consecuencia de la brutal represión de las Fuerzas Armadas y policiales.
En un informe jurídico elaborado por la organización, se señala lo siguiente: “Con base a la información pública disponible, se identifica que los actos realizados por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de acuerdo con la doctrina y a la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas (…), es responsable del delito de genocidio y de lesa humanidad en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco”. El documento nombrado ‘Hasta alcanzar justicia’ fue presentado ante la CIDH.
Onamiap señala que, durante las movilizaciones sociales, se vulneraron derechos humanos, mediante la comisión de crímenes contra nativos. Sumado a ello, anunció que se están iniciando investigaciones por el delito de terrorismo de líderes y lideresas indígenas, quienes han participado en protestas sociales: “Ha de saber el Gobierno que, al criminalizar a un líder o a una lideresa indígena originaria, criminaliza a todo el pueblo que representan”.
Audiencia de la CIDH
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), participaron también representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Asociación de Víctimas. Así como el representante de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, y comisionados de los sectores del Interior, Salud y Cultura. Además de la Fiscalía de la Nación, quienes especificaron algunas de las acciones desarrolladas respecto a las recomendaciones de la CIDH.