Después de 31 años, este martes, el Poder Judicial absolvió al exasesor presidencial de Alberto Fujimori y a los líderes del Grupo Colina por el asesinato del líder sindical ocurrido en 1992.

El Poder Judicial absolvió de prisión efectiva al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y los exjefes nominales del Grupo Colina por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ocurrida en 1992, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Tras el crimen ocurrido el pasado 18 de diciembre de 1992, fueron 2 las versiones que se manejaron sobre lo ocurrido. Primero, desde el Estado se buscó responsabilizar a Sendero Luminoso por el asesinato de Pedro Huilca. La segunda, la cual terminó judicializada, fue que el régimen de Alberto Fujimori dispuso deshacerse del líder sindical porque era un opositor a la dictadura.

Durante las audiencias, los familiares de Pedro Huilca contaron que en diversas oportunidades recibió amenazas y responsabilizó al régimen de Alberto Fujimori. Desde la presentación de la acusación fiscal, se desarrollaron más de 190 audiencias. El caso aún puede ser apelado por la defensa de los acusados.

Fue gracias a la labor realizada por una subcomisión investigadora del Congreso que se concluyó que los agentes del Grupo Colina participaron en el asesinato. El exagente Clemente Alayo ratificó esa versión en 2003, lo cual abrió camino a que la Fiscalía realizara la acusación en el 2016, pese a la obstrucción del sistema de justicia.

Sentencias contra Vladimiro Montesinos

En junio del 2023, la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional sentenció a 23 años de prisión a Vladimiro Montesinos por homicidio calificado con la agravante de alevosía, en calidad de autor mediato, de Mariella Barreto Riofano, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quien fue secuestrada y asesinada en 1997.

Por su parte, el exasesor presidencial ya cumplía una condena de 25 años de prisión dictada el 25 de junio del 2001 por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. Frente a ello, los jueces optaron por aplicar la norma que establece que una pena de prisión efectiva se puede refundir o fundir con otra mayor. Por ello, la nueva pena de 23 años se funde con la anterior de 25 años, quedando en la necesidad de cumplir con la condena impuesta en el 2001, la cual vence en junio del 2026.

Comentarios

comentarios