Alerta | Pese a estas observaciones, en el Congreso insistirán en destituir a los magistrados por su pronunciamiento en el caso Zoraida Ávalos y la continuidad de Inés Tello.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó ayer su preocupación por la investigación sumaria emprendida por el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y advirtió que una eventual remoción de sus integrantes, sin respetarse el debido proceso, debilitará la independencia judicial del Perú.

La comisión reconoce que en nuestro país se puede ejercer control político —como le compete al Congreso sobre otras instituciones—. “Sin embargo, advierte que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad”, advirtió en su comunicado.

La CIDH recalca que “todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadores de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”.

La CIDH, por eso, enfatiza en la necesidad de que las conductas que ameriten la expulsión deben estar definidas. Es crucial, según la comisión, para que la investigación a la junta tenga un debido proceso.

“La eventual remoción del Pleno de la JNJ, sin el respeto a las garantías del debido proceso y el principio de igualdad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, concluyó la comisión

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