Jugada | Pocas semanas antes de escuchar sentencia por dos graves imputaciones, el congresista Alejandro Soto le dio su voto a una norma que declaró prescritos los casos en su contra.
Alejandro Soto recurrió a la prescripción de los delitos de estafa y falsedad.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, logró zafarse de una segura sentencia por el delito de estafa y falsedad genérica, al acogerse a una ley de prescripción de procesos judiciales, por la que él mismo votó para su aprobación.

El 11 de mayo de este año, el Congreso dio luz verde por mayoría a la Ley n° 31751 que modificó el Nuevo Código Procesal Penal, ordenando acortar a un año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos penales. En ese momento nadie sospechó sobre quiénes serían los beneficiados con la iniciativa legislativa. El mismo Soto sería uno de ellos. La ley fue publicada el 25 de mayo.

Pocas semanas después, el 21 de julio, el juez titular del Tercer Juzgado Penal del Cusco, Carlos Román Gil, convocó a la defensa de la Empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu para resolver dos denuncias penales que interpuso contra el congresista Alejandro Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica.

En el primer caso, la compañía alegaba que le había pagado S/20.000 a Alejandro Soto para que se encargara de la redacción de los estatutos de la empresa, pero nunca cumplió con el acuerdo y se quedó con el dinero.

El segundo caso está relacionado con la compra de un predio que hizo Alejandro Soto cuando era asesor legal de Waynapicchu. El 11 de abril del 2012, el ahora presidente del Congreso compró un terreno de 640 metros cuadrados a las comunidades campesinas de Ayamarca y Pumamarca, del distrito de San Sebastián, Cusco, por un monto de US$5.000.

Ocho meses después, Soto vendió el predio a la empresa donde trabajaba por US$250.000, lo que representaba un incremento de 5.000%.

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