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JULIACA – PUNO – PERÚ
ALAN GARCÍA AFRONTARÁ CUATRO ACUSACIONES CONSTITUCIONALES por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros casos.
ALAN GARCÍA AFRONTARÁ CUATRO ACUSACIONES CONSTITUCIONALES
Anoche pleno del Congreso aprobó por mayoría iniciarle un juicio político por la venta del aeródromo de Collique que causó una pérdida de 73 millones de dólares al Estado
Con la luz verde dada ayer por el pleno del Congreso al informe del caso Collique de la Megacomisión, el Congreso ya ha aprobado, hasta la fecha, cuatro acusaciones constitucionales contra el expresidente Alan García. La subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatirá, el próximo martes 21, el caso Narcoindultos
El pleno del Congreso aprobó anoche por mayoría tres informes restantes de la Megacomisión que investigó el segundo gobierno aprista (2006 – 2011).
Las conclusiones que se debatieron y votaron fueron: Enriquecimiento Ilícito, Venta del Aeródromo de Collique y Casos Complementarios.
Han quedado pendientes, de esta forma, para el siguiente pleno del Parlamento, los dos informes finales: Agua para Todos y Decretos de Urgencia.
Solo en el caso de Collique, la Megacomisión aprobó la recomendación de acusar constitucionalmente a Alan García por haber emitido irregularmente el decreto supremo Nº 002 – 2009 que permitió la venta del Aeródromo de Collique que causó un perjuicio económico al Estado por 73 millones de dólares.
Esta investigación fue aprobada con 68 votos a favor 7 en contra.
La recomendación del Congreso fue que el acervo documentario de este caso se incluya en la denuncia sobre el mismo tema que reposa, desde el año 2012, en la subcomisión de Acusaciones.
En el informe de Enriquecimiento Ilícito, la recomendación contra García es que el Ministerio Público inicie una investigación en su contra ya que su exsecretario general de Palacio, Luis Nava, sería su testaferro.
Esta investigación fue aprobada con 45 votos a favor y 22 en contra.
En el informe de Casos Complementarios, la recomendación es que la Comisión de Fiscalización u otras comisiones del Congreso amplíen las investigaciones en los cinco casos que forman parte de esta indagación.
Este caso fue aprobado con 62 votos a favor y 8 en contra.
Estos son los tres informes aprobados:
I) Caso Collique: Acusación constitucional contra García.
La venta del Aeródromo de Collique, en el año 2008, según el informe de la Megacomisión, causó un perjuicio económico al Estado por más de 73 millones de dólares.
El Aeródromo de Collique posee una extensión de 320 mil 934 metros cuadrados.
Y, debido a una convocatoria del programa Mi Vivienda, vendió de forma irregular el terreno del Aeródromo de Collique en el que funcionaba además la Base Aérea de la FAP.
El 29 de abril de 2009, el expresidente Alan García autorizó la venta del Aeródromo de Collique, a través de la Resolución Suprema Nº 002-2009, publicada en el diario El Peruano.
El caso
Se trató de una irregular operación. El consorcio GyM Besco S.A., conformado por la empresaperuana Graña y Montero y la chilena Besco, adquirieron ese terreno (luego, al final, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, la empresa DH Mont también participó del negocio).
GyM Besco S.A. iba a edificar, según el contrato, un conjunto habitacional pero nunca lo hizo.
Y, además, esa transacción, según las investigaciones de la Megacomisión del Congreso, ocasionó un perjuicio económico al Estado de 73 millones 397 mil 392 dólares.
Según las mismas pesquisas el terreno fue vendido con un precio devaluado (el metro cuadrado fue tasado como terreno rural cuando, en realidad, era urbano).
Otra perlita de este culebrón es que GyM Besco S.A. no tenía el dinero para comprar.
El precio de la hipoteca fue de 20 millones 250 mil 531 millones de dólares que hasta la fecha, según las mismas investigaciones, no se sabe dónde se encuentra ese dinero. Se esfumó.
II) Enriquecimiento Ilícito: Estudio de Nava ganó siete millones
El hecho de que el informe final de la Megacomisión no haya encontrado indicios de enriquecimiento ilícito en el expresidente aprista Alan García Pérez no quiere decir que no se haya encontrado elementos que hacen creer que gente del entorno y la confianza del exmandatario sí habría amasado una fortuna ilícita durante su segundo gobierno, entre los que destaca su exsecretario de Palacio, Luis Nava, sería su testaferro.
El informe del referido grupo de trabajo que investigó el segundo gobierno de García Pérez revela que el estudio de abogados de Luis Nava –que fue traspasado por él a su hijo José Nava ni bien comenzó el gobierno aprista- ganó más de siete millones de soles a través de contratos con empresas que habían sido favorecidas con licitaciones con el Estado.
Las investigaciones se realizaron usando las declaraciones juradas de los años 2006 y 2007 que García presentó a la Megacomisión (no presentó sus declaraciones de los años 2008, 2009 y 2010).
En resumen, el informe de Enriquecimiento Ilícito y Desbalance Patrimonial, en el que han sido investigados el expresidente Alan García y 14 exministros y colaboradores suyos, determina que se ha encontrado desbalance patrimonial en tres de ellos.
Estos son: el exsecretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert; el exministro de Justicia, Aurelio Pastor; y el exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa – OINFE), Pedro Morales.
A Nava se le encontró un desbalance patrimonial de S/ 259.021.
A Pastor, un desbalance de S/. 450.257.
Y, a Morales, S/.1 millón 986 mil 211.
El expresidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, ha señalado que Nava pudo haber sido testaferro de García.
La Megacomisión ha encontrado cerca de 80 reuniones de miembros del estudio en Palacio de Gobierno; por lo que queda descartado que Nava no sabía lo que hacía su hijo.
Obedrecht y Petrobras son dos empresas que ganaron licitaciones y contrataron al estudio de Nava junior.
También hay firmas mineras, pesqueras, azucareras y de cemento.
III) Casos complementarios de Alan.
Se realizaron cinco investigaciones en este grupo de nuevas investigaciones.
1) Programa “Una laptop por Niño”. En este caso, hubo una presunta sobrevalorización de las computadoras del Ministerio de Educación por más de 11 millones de dólares.
La Universidad de San Martín de Porres, del que era rector el entonces ministro José Antonio Chang, validó la adquisición de esas computadoras.
2) Permuta de Terrenos del INIA (Instituto Nacional de Innovación Agraria) al Gobierno Regional de Ayacucho-Presunto perjuicio económico al Ministerio de Agricultura.
3) Proceso de selección para el componente FEED-EPC del Proyecto para la Modernización de la Refinería de Talara realizado por Petroperú.
4) El Cristo del Pacífico del Grupo Odebrecht.
5) Promulgación de la Ley de Cuotas de Pesca de Anchoveta-Decreto Legislativo Nº 1084.