Abogado penalista advirtió que actual gestión no estaría actuando en respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que, tras dejar el cargo, Dina Boluarte podría ser procesada por homicidio calificado por omisión.

El Gobierno liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, tendrá que responder —ante los fueros judiciales correspondientes— por las aproximadamente 60 muertes que ha dejado, hasta el momento, la represión policial. Aquella orden tiene como finalidad controlar las protestas contra su mandato, las cuales piden su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales para una fecha prudente y no la de abril de 2024, establecida por el Parlamento. Ello aún se encuentra a la espera de su ratificación en segunda votación en la próxima legislatura.

En diálogo el abogado penalista Andy Carrión señaló que no existen un Estado de derecho en el mundo que permita la cifra de 60 fallecidos, producto de una convulsión social y política que pueda ser justificada. En tanto, advierte que Dina Boluarte tendrá que responder judicialmente por los que perdieron la vida.

“Sesenta muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. (…) El Gobierno no ha sido respetuoso con los derechos humanos”, declaró a este medio.

En esta línea, el experto en derecho penal señaló que Boluarte Zegarra tiene responsabilidad en las muertes ocurridas al ser la cabeza del manejo del aparato organizado del poder en el Perú, como presidenta de la República. Así ella no haya ordenado directamente que se reprima con violencia, causando pérdida de vidas humanas, es responsable de “no haber tomado medidas concretas para revocar los resultados lesivos” de la intervención policial. Añade que es el tipo de imputación que se maneja en casos en los que se comprueban violaciones de los derechos humanos.

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