La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III y Petroperú. La titular del Ministerio Público imputa al jefe de Estado los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y por el segundo, por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias agravado.

La denuncia también alcanza a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

En el caso Puente Tarata III se investiga si el presidente, junto al exministro del MTC Juan Silva y sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, direccionaron una obra pública por 232,5 millones de soles en beneficio de un consorcio que había sido contactado por los operadores Zamir Villaverde García y Hugo Meneses Cornejo.

El caso Petroperú se investiga la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por 74 millones de dólares a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO) del empresario Samir Abudayeh, quien antes de ganar el contrato se reunió con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno.

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