El país andino pagará más de 24 millones de dólares en intereses por la devolución del préstamo recibido tras el derrocamiento de Evo Morales, en 2019 que luego fue asumida por Jeanine Áñez.

El Gobierno de Luis Arce, el delfín del expresidente Evo Morales que ganó las elecciones en octubre del año pasado, anunció este miércoles la devolución de un crédito de 327 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había concedido a su antecesora, Jeanine Áñez. A la cifra inicial del préstamo otorgado al Gobierno de Áñez, que asumió el poder tras el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, el Estado boliviano deberá sumar más de 24 millones de dólares en intereses y comisiones.

El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, afirmó que el Gobierno estaba actuando “en defensa de su soberanía nacional”, ya que el apoyo del FMI venía condicionado por determinadas políticas económicas, y la Constitución boliviana, promulgada en 2009 por Morales, prohíbe admitir metas y disciplinas económicas impuestas por instituciones extranjeras. La aceptación del crédito hace poco menos de un año iba contra este mandato.

La justificación de la cancelación del préstamo ha sido cuestionada por funcionarios del pasado Gobierno. Según ellos, el crédito no formaba parte de ningún acuerdo con el organismo, sino que era un “apoyo coyuntural” para mejorar la liquidez del Estado boliviano durante la pandemia de la covid-19. Por lo tanto, aducen, el préstamo no estaba sujeto a ninguna condición en particular.

La expresidenta Áñez presentó la contratación del crédito del FMI como un logro de su gestión contra la pandemia, pero no pudo usar el dinero porque el Parlamento de entonces, controlado por el Movimiento al Socialismo, el partido de Arce y Evo Morales, se rehusó a aprobar las decisiones de su Gobierno. Con esta devolución quedó establecido el principio de esta tienda política de independizar al país del organismo internacional, al que culpa por los programas de reducción de empleos y de privatización de las empresas estatales que se aplicaron en las décadas de los ochenta y noventa.

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